Abordar la problemática del terrorismo internacional tras los sucesos del pasado 11 de septiembre, tomando en consideración los pareceres de la opinión pública y el papel de los medios de comunicación, es algo que adquiere especial sentido desde una perspectiva española. No en vano en España se ha podido consolidar una democracia liberal pese a la actividad terrorista que vienen sufriendo sus ciudadanos y que continúa afectando a la vida política desde el inicio mismo de la transición a partir del anterior régimen franquista, hace ya más de veinticinco años.
El pasado martes 20 de abril, los medios de comunicación se hacían eco de la mejor noticia que la ciudadanía podía esperar después del incremento de la actividad etarra de las últimas semanas y, especialmente, tras los asesinatos de Isaías Carrasco y de Juan Manuel Piñuel: la detención de «la persona con más peso político y militar de ETA», en palabras del ministro Rubalcaba, y de otros miembros con responsabilidad en la cúpula de la banda terrorista. Que tres de los detenidos -Salaberria, Ozaeta y Barandiaran- fueran electos de la izquierda abertzale constituye una evidencia más de las connivencias y de las relaciones orgánicas que revelan la existencia de una trama única.
El éxito de la cooperación hispano-francesa y, en especial, de la tarea desarrollada por la Guardia Civil contribuye a subrayar la debilidad de la banda terrorista precisamente en el momento en que ésta trataba de demostrar lo contrario.Una vez más se tambalea el mito de la imbatibilidad con la que ETA ha tratado de afianzar sus dominios y no sólo sobre las bases sociales representadas por la izquierda aber-tzale. También ha tratado de arrastrar a otros sectores de la opinión pública que durante años se han dejado envolver por esa perversa lógica que insta a optar entre soluciones políticas y soluciones policiales para decantar así las posturas a favor de las primeras. Ha sido el inmovilismo asesino de ETA el que ha acabado demostrando que la única estrategia democrática cabal frente al terrorismo etarra es la que se proponga como objetivo su derrota.
La satisfacción general por las detenciones de Burdeos convirtió la sesión de control del Congreso en expresión de la coincidencia que se abre paso en materia antiterrorista entre el PSOE, el PP y el resto de fuerzas parlamentarias.
En contraste con ello, el escepticismo mostrado sobre la relevancia de la operación policial por parte del portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, y del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, resulta tan incomprensible que sólo puede responder al debilitamiento de las fórmulas de solución política a medida que se hace patente la vulnerabilidad de ETA. Especialmente cuando ni el Gobierno ni las demás fuerzas políticas han dado muestras de triunfalismo alguno, siempre inconvenientes en estos casos. Es evidente que la desarticulación de una parte de la cúpula de ETA no supone que la banda terrorista se vea obligada a paralizar su actividad. Pero ello no puede llevar a ningún responsable público a subestimar la importancia de las detenciones. En el caso del dirigente jeltzale y del consejero, deberían tener en cuenta el pobre balance que en este terreno presenta la Ertzaintza, que no puede imputarse en su totalidad a las trabas que encuentra para acceder a la información y a las relaciones de cooperación internacional.
El Estado está obligado a procurar la detención y puesta a disposición de la justicia de todas aquellas personas que integran ETA, y cada triunfo en ese terreno constituye un paso irreversible de la democracia hacia la desaparición definitiva de la violencia asesina, esta visión es compartida por la mayor parte de la opinión pública española. En este sentido, la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dirección del Gobierno, no puede limitarse a prevenir e impedir que la banda terrorista perpetre nuevos atentados. Aun siendo éste un cometido básico e ineludible, los hechos acaecidos tras el doble asesinato de la T-4 indican que los esfuerzos policiales han de dirigirse al desmantelamiento de todas las estructuras de ETA.
Durante meses la acción policial impidió que la banda terrorista pudiera cometer los atentados que tenía planeados, bien mediante su presencia disuasoria, bien por el éxito alcanzado por determinadas líneas de investigación. Sin embargo, tanto la persistencia del riesgo y el hecho de que al final ETA ha conseguido atentar mortalmente por dos veces, como la viabilidad de una estrategia que conduzca a la derrota del terrorismo etarra, obligan al Estado de Derecho a redoblar sus esfuerzos. No se trata sólo de hacer realidad la advertencia de que los terroristas únicamente pueden esperar la detención y la cárcel. Es necesario que comprendan que los resortes del Estado están actuando para acabar en el plazo más breve con la amenaza terrorista. Como es necesario que la colaboración de Francia sea cada día mayor y más consecuente con el hecho incontrovertible de que los activistas de ETA continúan aún operando con preocupante soltura en su territorio para atentar en España. Desaparecida una cúpula de ETA, otra se formará inmediatamente. Quizá menos astuta, menos hábil que la anterior, pero igualmente fanática.
Silvia Carrasco Díaz
